Subarriendo

Son muchos los propietarios que nos consultan, dada la situación actual, que opciones tienen en caso de que los inquilinos dejen de abonar la renta de alquiler.

A este respecto, hay que recordar que los grandes tenedores o arrendadores (que cuentan con mas de 10 viviendas) están obligados a aceptar bien una reducción de la renta, bien un aplazamiento de la misma.

¿Pero que ocurre con el pequeño propietario?

Los pequeños propietarios, que suponen el 85% de los arrendadores en España, podrán aceptar del inquilino, siempre de manera voluntaria, el aplazamiento temporal del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma. Asimismo, los arrendatarios disponen de lineas de microcréditos sin intereses a devolver hasta en 10 años.

¿Pero que pasa si el inquilino no plantea una reducción o aplazamiento de la renta, prescinde de los microcréditos y deja de abonar directamente las rentas?

Son muchas las noticias que se hacen eco los medios de comunicación sobre la «huelga de alquileres» promovida por determinados colectivos, que incitan a la suspensión del pago de los alquileres, a pesar de las medidas acordadas por el Gobierno.

Llegados a este punto, lo primero que se debe tener en cuenta es que en la actualidad, y mientras dure el estado de alarma, se ha decretado la paralización de la Administración de Justicia, salvo en los servicios considerados esenciales. Por lo que no se permite la presentación de nuevas demandas o escritos que no sean considerados urgentes.

Por lo tanto , para iniciar cualquier acción judicial, habría que esperar a la finalización del estado de alarma, prevista para el próximo día 11 de abril, salvo prórroga de la misma.

¿Que ocurre con la suspensión de los desahucios previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente  al COVID-19?

Cierto es que el art. 1 establece la posibilidad de suspender los desahucios, pero para ello, el inquilino debe acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

¿Y que se entiende por vulnerabilidad?

El inquilino podrá beneficiarse de las medidas acordadas, siempre y cuando pueda acreditar que:

1.- Que está en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) (…).
2.- Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la
unidad familiar.

Si el inquilino cumple ambos requisitos, se procederá a la suspensión del desahucio, y se dará traslado a los Servicios Sociales correspondientes para que adopten las medidas oportunas.

El plazo de suspensión será el que considere el juzgado, si bien no podrá exceder de seis meses a contar desde el día 2 de abril.

¿Y si el arrendador se encuentra también en situación de vulnerabilidad?

En caso de que el arrendador acredite ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, se tendrá en consideración para reducir el plazo de suspensión extraordinaria a adoptar por el Juzgado.

 

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